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5 razones para no aprobar la Ley Habilitante

Si bien el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere  que es atribución del Presidente dictar Decretos con fuerza de Ley, lo cierto es que para ello se requiere de una autorización previa por parte de la Asamblea Nacional a través de una Ley Habilitante.

El artículo 203 de la carta magna establece una serie de condiciones para que la Ley Habilitante sea sancionada por la Asamblea Nacional, tal como que sea aprobada por las tres quintas partes de sus integrantes, se establezcan las materias y propósitos que se van a delegar y se fije el plazo de duración de la figura que dará poderes de legislador a quien funge como Ejecutivo.

Como quiera que la aprobación  de la Ley Habilitante amerita de un número mínimo de legisladores  contestes, resulta notoria la puja del bloque que apoya al gobierno en la Asamblea Nacional para conseguir al diputado 99 como también resulta notorio el rechazo por parte del sector de oposición al alcance de su contenido y el lapso de vigencia de la habilitación legislativa que se solicita.

Ahora que ha sido presentada formalmente la solicitud de  aprobación de la Ley Habilitante tenemos  fundadas razones para promover su rechazo, tal y como se observa a continuación:

1. La Ley Habilitante atenta contra el pluralismo político

En cualquier hemiciclo del mundo, resulta común que sea una corriente política la que impulse un determinado proyecto legislativo, no obstante, tal circunstancia no es óbice para que a posteriori, todos los que comprenden a la rama legislativa, procedan a discutir, ahondar y decidir en conjunto, el futuro del referido proyecto.

Ahora bien, en el caso de venezolano, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que tiene como función el estudio del alcance, contenido y efectos del texto de la Ley Habilitante está conformada exclusivamente por diputados de la bancada del sector socialista, lo que implica la exclusión del resto de los diputados (con los mismos derechos y obligaciones para con su cargo) y con ello de otros sectores que representan diversas tendencias de pensamiento político que hacen vida en la Asamblea Nacional producto de la evidencia del voto popular.

Que sea la Asamblea Nacional en su propio seno, la que cercene su desarrollo como centro de debate plural para canalizar todas las posiciones de quienes son legítimos representantes de los ciudadanos venezolanos, atenta contra su naturaleza y el pluralismo político al que representa.

2. A través de la Ley Habilitante se pretende afianzar un modelo socialista

El conjunto de normas que se pretenden desarrollar a través de la  Ley Habilitante,  están presuntamente orientadas  a la erradicación de los hechos de corrupción, más sin embargo  están inspirados en una serie de principios que correspondan a una “ética y moral socialista”, lo que significa la evidente construcción de un nuevo andamiaje legal sobre la óptica socialista que no puede teñir por completo la actuación que se hace en nombre de la República que conforme al artículo 2 de nuestra Constitución, constituye un estado social  pero uno de derecho y de justicia.

En efecto, la norma superior establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enmarca al Estado bajo la denominación de Estado Social y de Justicia, que atiende a una denominación neutra que responde a la conformación de un diseño Estatal que busca garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales de los ciudadanos independientemente de su condición o pensamiento político.

3. La Ley Habilitante es ambigua y discrecional en cuanto a su alcance

En el pasado, otras leyes habilitantes fueron advertidas y finalmente aprobadas en un marco que atendía diversas materias pero con un tema bastión para su discusión política previa, como lo fue la aprobada en el año 2011 bajo el pretexto de resolver el problema habitacional causado por las contundentes lluvias que cayeron sobre el país y causaron estragos materiales a varias familias.

Si bien en esta oportunidad,  la corrupción y la economía son la punta de la lanza de esta iniciativa de Ley Habilitante, lo cierto es que se presenta bajo unos términos absolutamente difusos que no permiten fijar los parámetros bajo el cual se desarrollarán las normas que de ahí se deriven y mucho conocer el alcance de las normas cuya legislación se va a delegar.

Expresiones tales como “dictar y/o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejecuciones la función pública…”, “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, lo político o lo mediático” o ” dictar y/o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a fines de asegurar un desarrollo humano integral….” evidencian la indeterminación de los objetivos de las leyes que se intentan dictar a través de una ley que constituye una excepción y como tal debe tener límites precisos.

Una Ley Habilitante debe cumplir con la característica de una clara definición de los parámetros de los supuestos de hecho que pretende regular sin que se pueda dejar a interpretación conceptos que puedan solapar o contradecir normas existentes o desvirtuar la motivación de la Ley Habilitante en si.

4.  La Ley Habilitante no es cónsona con el propósito de protagonismo popular anunciado por el Presidente de la República

Al solicitar la aprobación de una Ley Habilitante,  el Presidente de la República indicó que era necesario declarar la emergencia popular “el pueblo combatiendo la corrupción y la vieja ética capitalista …”, no obstante, que sea la presidencia de la República a través de un método “expedito” quien elabore y promulgue los textos legales que le corresponden a la Asamblea Nacional a través del proceso ordinario de formación de las leyes, lejos de poner en “alerta” a la comunidad y darle un rol protagónico, la repliega, puesto que es en el proceso ordinario de formación de las leyes el que garantiza según prevé el artículo 211 de la Constitución, que los ciudadanos y la sociedad organizada participen en la discusión y aprobación de los proyectos de leyes.

El proceso en si de promulgación de leyes en el marco de una Ley Habilitante, se ahorra tanto la discusión de los proyectos e informes de las respectivas comisiones, como la participación ciudadana a través del derecho de palabra, de ahí que resulta inviable que el pueblo participe en la formación de la normativa venidera y pierde coherencia el presunto propósito de protagonismo popular.

 

5. A través de la Ley Habilitante el Presidente de la República pretende legislar en materias en las que ya existen normativas en la actualidad.

El proyecto de Ley Habilitante resalta la supuesta necesidad de frenar la legitimación de capitales, el control de las divisas, el financiamiento de los partidos políticos y determinadas actuaciones de entes extranjeros que atenten contra la República, cuando lo cierto es que el Estado cuenta actualmente con estructuras normativas tales como la Ley de Ilícitos Cambiarios y las diferentes Resoluciones dictadas por Cadivi, mientras que en el campo político fue promulgada en el 2010 la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que precisamente controla lo relativo al financiamiento de partidos políticos, lo cual además tiene una vigilancia especial por el poder electoral quien dicta normas especiales del caso.

En el aspecto económico (que ha sido de largo trajinar legislativo en virtud de la insistencia determinado sector político en establecer leyes que respondan a la conformación del “Estado Socialista” tal como se ha ratificado a través del Plan de la Nación 2013-2019), existen un grupo de leyes que cubren desde los asuntos atinentes a la regulación de precios hasta la fijación de parámetros de la industria agroalimentaria.

Así, desde que estamos rumbo al socialismo del siglo XXI,  se han promulgado la Ley de la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios y la Ley de Costos y Precios Justos, que junto a las resoluciones ministeriales  han procedido a la regulación de precios máximo de venta al público de una larga lista de productos,  se promulgó también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, colocando con la actuación fiscalizadora de órganos especializados  como Indepabis, Sundecop y Sada, un cerrojo importante frente a los criterios de libertad económica.

De igual forma, con los Decretos-Leyes que se dicten con ocasión a la Ley Habilitante se pretende presuntamente erradicar los cada día más evidentes hechos de corrupción, cuando lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con el Código Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica contra la Corrupción, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, entre otras normas, que establecen específicamente los supuestos de hechos y las consecuencias jurídicas por la comisión de los mismos cuando estos son ejecutados por cualquier persona como por aquellas en el ejercicio  de la función pública.

Esta última norma en particular, detalla muy bien en su artículo 91 y a través de 29 numerales, todos los hechos que resultan generadores de responsabilidad administrativa, sin que pueda escaparse absolutamente nada en tanto se encuentra incluso tipificado, cualquier acto hecho u omisión contrario a una norma de rango legal o sublegal, así como a los planes de organización, manuales y procedimientos de control interno.

Como hemos podido evidenciar existe una amplia gama de leyes vigentes que junto a los órganos administrativos que vigilan su cumplimiento, pudieran erradicar parte de los flagelos que son denunciados por el proponente de la Ley Habilitante tanto en el campo de corrupción administrativa como en los aspectos de control económico y alimentario.

Si a lo anteriormente expuesto,  aunamos que la Ley Habilitante está siendo solicitada por un período de 12 meses, se deja en claro que lo que existe en realidad,  es un problema de autoridad por parte del gobierno que no sabe como implementar el ordenamiento jurídico actual y ejercer sus más elementales funciones.

Otorgar la Ley Habilitante por ese lapso y bajo las condiciones antes descritas, implica inhabilitar a la Asamblea Nacional conformada por miembros que fueron electos por el voto popular  para concentrar más poder en el Ejecutivo Nacional y no en definitiva en quien pregonan es el protagonista: el pueblo.

Mucha estabilidad política, social y económica se le otorgaría a los ciudadanos venezolanos si se colocarán reglas claras de juego, no a través de nuevas leyes sino aplicando las que existen.

Nosotros le decimos no a la Habilitante y Usted?

Tadeo Arrieche Franco

María Gabriela Cárdenas