Una (nueva) habilitación innecesaria y anti-democrática: a propósito de la Ley Habilitante solicitada a la Asamblea Nacional ago23

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Una (nueva) habilitación innecesaria y anti-democrática: a propósito de la Ley Habilitante solicitada a la Asamblea Nacional

Por: Un Estado de Derecho.

Quien ejerce la Presidencia de la República ha solicitado a la Asamblea Nacional, con la excusa de adoptar medidas en contra de la corrupción (los casos más denunciados ante la opinión pública, valga indicar, involucran a funcionarios que ocupan cargos en el Gobierno nacional y en otros Poderes Públicos controlados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, véase: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=90700&tipo=AVA), que se sancione una Ley Habilitante (figura prevista en el artículo 203 de la Constitución) por medio de la cual se le autorice a dictar normas jurídicas con rango de ley, en lugar del Parlamento nacional, en las materias y por el tiempo que esa Ley Habilitante (su nombre deriva de la habilitación que el Poder Legislativo da al Poder Ejecutivo para dictar normas legales) lo establezca.

Valga recordar que han sido varias las Leyes Habilitantes que el antecesor del actual Presidente recibió durante sus sucesivos mandatos. Tratándose del mismo grupo político el que ha detentado el Poder entre 1998 y 2013, cabe afirmar que esta es una nueva Ley Habilitante, ¡la quinta!, para el mismo Gobierno, que tendrá negativas implicaciones como las que arrojaron las cuatro (4) anteriores. En efecto, el fallecido Hugo Chávez recibió de la Asamblea Nacional Leyes Habilitantes en 1999, 2001, 2007 y 2010, siendo las tres (3) últimas de esas Leyes usadas con fines radicalmente distintos a los que la Constitución establece al momento de otorgar al Presidente tales poderes anti-democráticos: para cambiar mediante Decretos con rango de Ley principios y reglas constitucionales en materias como el sistema de economía social de mercado, la forma federal y descentralizada del Estado, suprimir derechos humanos y debilitar el carácter de República independiente de Venezuela, entre otras.

La Ley Habilitante es un mecanismo previsto en la Constitución venezolana cuyo uso encuentra justificación sólo en los casos en que, no estando dados los supuestos para decretar un Estado de Excepción, resulta sin embargo necesario poner en vigencia temporal normas legales especiales, distintas a las ordinarias en vigor, para enfrentar situaciones extraordinarias de crisis, conflicto, emergencia o conmoción derivadas de circunstancias naturales, económicas, políticas o sociales, frente a las cuales el procedimiento parlamentario de formación de la ley es inadecuado para producir a la brevedad esa legalidad extraordinaria, siendo lo apropiado habilitar al Gobierno nacional (que por lo demás es el Poder Público con la mayor responsabilidad frente a situaciones como esas) para que él mismo dicte esa legislación, sin procedimiento, debate o consulta pública, y cuente entonces con las reglas legales especiales para actuar, dentro del Estado de Derecho, en la atención de la problemática.

La existencia de graves hechos de corrupción imputables al Gobierno nacional, lo mismo que en 2010 la afectación de viviendas irregulares (ignoradas por el Ejecutivo Nacional) con motivo de las lluvias que afectaron parte del territorio nacional en diciembre de ese año, no son circunstancias extraordinarias que justifiquen el que quien ejerce el cargo de Presidente de la República solicite una Ley Habilitante, y mucho menos para que la precaria e insuficiente mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (se requiere el voto favorable de 99 de los 165 diputados que integran esa Asamblea, y el PSUV sólo tiene 98 votos, por lo que amenazan con aprobarla sólo con ese número de votos, violando la letra constitucional como en cualquier dictadura tradicional) decida con menos de las tres quintas partes exigida por la Constitución otorgarle esa Ley Habilitante.

La corrupción, la excusa actual, es por desgracia para los venezolanos una circunstancia ordinaria, común, cotidiana, derivada, de un lado, de la falta de Estado de Derecho, ya que ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público actúan en contra de este grave problema; y de otro, de la condición de Petroestado del Estado venezolano, un Estado rico con una sociedad pobre y dependiente de él, que no tiene límites, ni controles, ni responsabilidad para intervenir en la economía y actuar, como Poder Público y monopolista a la vez, del modo que mejor lo considere a sus intereses el Gobierno de turno, despilfarrando los recursos públicos que son propiedad de la Nación.

Tal y como en el pasado reciente, lo más probable es que la Ley Habilitante se use, con desviación de Poder, para dictar Decretos con rango de Ley para hacer campaña electoral, para profundizar más el modelo de planificación colectivista y centralizada de la economía que sigue el PSUV, para destruir más la descentralización y la autonomía de los Estados y los Municipios, para disponer de aún más recursos públicos sin debate parlamentario y sin rendición de cuentas, y, desde luego, para perseguir y castigar a la disidencia. Fines que se lograran a costa del Poder Legislativo, cada día más degradado y anulado, con la complicidad del Poder Judicial (que no controla sino que convalida el despotismo) y desconociendo la legitimidad democrática de los diputados de la Asamblea Nacional, que a diferencia de la legitimidad de quien ocupa el cargo de Presidente, es directa y no está sujeta a cuestionamiento alguno.

Por todo lo anterior, nos preguntamos ¿quién puede afirmar, dentro o fuera del país, que en Venezuela rige un sistema democrático con Estado de Derecho y no exactamente todo lo contrario a ello?

Fotografía: primicias24.com